Por Juan Yilorm Navarrete
Con el retorno a la democracia en marzo de 1990, Chile puso fin al período más sombrío de su historia reciente: la dictadura del General Augusto Pinochet. No obstante, la salida del régimen civil-militar dio paso a una transición democrática hecha a su medida, asegurándoles a las autoridades salientes un marcado protagonismo y amplios márgenes de influencias, necesarios para afrontar el complejo escenario de los noventa.
En estas difíciles circunstancias y a pesar de los esfuerzos de la Concertación por crear un ambiente de “reconciliación nacional”, la violencia seguía siendo un método de acción política válido para algunos sectores de la sociedad. Promovido por colectividades de izquierda que la justificaban a raíz de la salida negociada, la continuación del neoliberalismo y la impunidad en materia de derechos humanos, el fenómeno de la violencia popular tuvo con la llegada de la democracia un renovado impulso en lo discursivo y lo práctico.
Con posiciones irreductibles y una retórica ofensiva, el FPMR, el MAPU-Lautaro y facciones del otrora unificado MIR, seguían cometiendo osados actos de subversión, calificados por el gobierno de “terroristas”. En esa línea, las operaciones más recordadas por la opinión pública fueron -sin dudas- las “recuperaciones”, concepto utilizado en el argot revolucionario para referirse a los robos y asaltos enfocados en la búsqueda de financiamiento orgánico o la distribución de artículos y alimentos en los sectores más empobrecidos[1].
Este tipo de hechos, que resultaron una constante en el gobierno de Patricio Aylwin, tuvo entre enero de 1990 y junio de 1993 un registro de 234 incidentes, representando el 11.2% de las actividades ejecutadas por las formaciones insurgentes criollas[2]. Aunque en la actualidad se cree que la presencia de grupos y acciones como las mencionadas acontecieron exclusivamente en grandes centros urbanos de la transición (Santiago, Valparaíso, Concepción o Temuco), es preciso establecer que dicha percepción no es correcta.
Un claro ejemplo de ello es Valdivia, ciudad-provincia con histórica raigambre de izquierda que para finales de los ochenta experimentaba una fuerte presencia de estructuras milicianas y guerrilleras. Con propagandas armadas, sabotajes y enfrentamientos con la policía, rodriguistas, lautaristas y miristas hacían vida en zonas de la periferia urbana[3], afectadas por una realidad de desigualdades y extrema pobreza.
Bajo un panorama incierto, los combatientes valdivianos asumían el cambio político con una actitud de abierta rebeldía, siguiendo con sus probadas lógicas operativas y la dura vida impuesta por la clandestinidad. Así, en el intento de perseverar por el camino de las armas, el 13 de enero de 1992 en el centro de Valdivia, ocurrió un inédito y espectacular asalto al Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ubicado en la concurrida intersección de las calles Arauco con Yungay.
Esta temeraria acción fue realizada por un comando del Ejército Guerrillero de los Pobres – Patria Libre (EGP-PL), nuevo referente del mirismo nacido en la primavera de 1991 en Santiago[4]. El grupo, según las indagaciones periodísticas, estuvo compuesto por al menos seis personas, equipadas de armas cortas y una subametralladora. Provistos de alto poder de fuego, repelieron la rápida llegada de un motorista de Carabineros que nada pudo hacer ante una planificada retirada[5]. En pocos minutos, los guerrilleros “expropiaron” un botín cercano a seis millones entre pesos chilenos y dólares americanos[6].
Fuera de la audacia demostrada, la operación no finalizó con total “limpieza”. Una adolescente de catorce años que transitaba por el lugar terminó víctima del intercambio de disparos, recibiendo un impacto de bala en el abdomen que la dejó internada en el Hospital Regional[7]. Pese a la complicación surgida, los asaltantes lograron salvaguardar con éxito su integridad por más de ocho meses, hasta que unidades especializadas de la policía uniformada comenzaron a develar una trama mayor vinculada al atraco puntual de la entidad bancaria.
Las primeras razias de Carabineros se dejaron sentir el 23 de septiembre en la Población Yáñez Zavala, lugar donde es detenido un militante con elementos de combate y propaganda alusiva al colectivo rojinegro[8]. El sorpresivo y desmedido allanamiento, desató detenciones posteriores e interrogatorios que auguraron una estrepitosa caída en dominó. A través de las planas del Diario Austral, Valdivia se enteraba del consolidado trabajo local del EGP-PL, desarrollado entre mediados de 1991 y 1992. Aparte de lo sucedido en el BCI, las investigaciones comprobaron los nexos subversivos con el robo a la casa de cambios “Turismo Austral” perpetrado en agosto, atentados explosivos contra infraestructura crítica y la instalación de un campo de adiestramiento en el interior de Chaihuín[9].
Los sucesivos golpes de las autoridades territoriales, que iban en plena sintonía con el despliegue de la “pacificación contrainsurgente”[10] a nivel nacional, hicieron que los empeños de la organización fueran rápidamente diezmados, lo que selló el fin de la experiencia de la izquierda armada en la urbe de los ríos y la lluvia perpetua. La mayoría de los involucrados[11] debieron cumplir duras penas de cárcel, sufriendo además profundos prejuicios por haber asumido una resistencia frontal ante las injusticias sociales de la época.
[1] Pedro Rosas, Rebeldía, subversión y prisión política. Crimen y castigo en la transición chilena, 1990-2004 (Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2013), p. 144 y p. 158.
[2] Sólo es superado por 1.404 episodios de sabotajes explosivos e incendiarios (68.2%). En Dirección de Seguridad Pública e Informaciones. Apreciación del terrorismo en Chile. 1993, p. 14.
[3] Entre las que mayor cobertura mediática tuvieron por estas manifestaciones son: Yáñez Zavala, Pablo Neruda, Rubén Darío, Inés de Suárez y los remanentes del Campamento Chorrillos.
[4] Pedro Rosas, op. cit., pp. 156-157.
[5] El Diario Austral de Valdivia. “Violento asalto al Banco de Crédito”. 14 de enero de 1992.
[6] El Diario Austral de Valdivia. “Revivieron asalto al Banco de Crédito”. 28 de octubre de 1992.
[7] El Diario Austral de Valdivia. “Viví momentos de gran tensión y nerviosismo”. 15 de enero de 1992.
[8] El Diario Austral de Valdivia. “Carabineros entregó versión de los hechos”. 2 de octubre de 1992.
[9] Como dato adicional, Chaihuín ya había sido un terreno para instruir cuadros en lucha irregular. En 1970, fue descubierta por el Ejército una escuela de guerrillas levantada por un grupo interno del Partido Socialista, afín a la Revolución Cubana. Consultar en Bayron Velásquez, “La Organa y la escuela de guerrilla de Chaihuín (1968-1970): Leninización y guevarización del socialismo chileno”, Revista Izquierdas 49 (2020).
[10] El concepto hace referencia a las medidas y mecanismos implementados por la Concertación desde 1990 para acabar con la izquierda revolucionaria. Los hitos más recordados de la estrategia son la creación del Consejo Coordinador de Seguridad Pública (CCSP) en 1991 y la inauguración de la Cárcel de Alta Seguridad en 1994.
[11] Los nombres no son expuestos en el artículo por razones de privacidad y seguridad personal.
Bibliografía
Rosas, Pedro. Rebeldía, subversión y prisión política. Crimen y castigo en la transición chilena, 1990-2004. Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2013.
